El 5 de octubre de 2026, el Departamento de Educación de EE. UU. (ED) y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunciaron una acción de cumplimiento contra el Los Angeles Unified School District (LAUSD).
Según los departamentos, las políticas del LAUSD indican a los empleados del distrito que “pregunten en privado al estudiante cómo quiere que se refieran a él al comunicarse con los padres o tutores legales” y que mantengan “privada” o “confidencial” la “identidad de género” que el estudiante afirma, incluso frente a los padres. ED y el DOJ dicen que estas políticas violan la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) y la Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA), y que “han permitido que los estudiantes tomen decisiones que cambian la vida en secreto, sin que sus padres lo sepan”.
Qué abarcan las leyes. La FERPA protege el derecho de los padres a acceder a los expedientes educativos de sus niños, pedir que se corrijan y controlar la divulgación de información de identificación personal. La PPRA exige que las escuelas notifiquen a los padres y obtengan su consentimiento por escrito antes de que los estudiantes participen en encuestas, análisis o evaluaciones que pregunten sobre asuntos sensibles, incluidos problemas mentales o psicológicos y la conducta o las actitudes sexuales.
Carta a cada estado. El mismo día, la secretaria de Educación, Linda McMahon, y la fiscal general adjunta de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, enviaron una carta conjunta a todos los fiscales generales estatales. Afirma que las condiciones del financiamiento federal conforme a la FERPA y la PPRA son “no negociables”. También aborda los “tamizajes de salud mental” escolares: las escuelas deben primero notificar a los padres y obtener consentimiento por escrito, y “las exclusiones voluntarias no bastan”.
«Los padres son los proveedores y protectores naturales de los niños», dijo Dhillon.
Por qué importa. La transición social en la escuela (un nombre y pronombres nuevos en la escuela) suele ser el primer paso de un camino que puede llevar a bloqueadores de la pubertad, hormonas del sexo opuesto y cirugía. La ley federal de privacidad da a los padres el derecho de saber qué registran y qué preguntan las escuelas sobre sus niños. Esta acción es un paso de cumplimiento, no una conclusión final contra el distrito.