La Corte Suprema de EE. UU., el 21 de octubre, denegó la solicitud del gobierno de Trump para suspender una orden de un tribunal inferior en *Trump v. Kingdom* (n.º 26A416). La orden no da razones. Señala que el juez Thomas y el juez Alito habrían concedido la solicitud.
La política
Una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025 ordenó al fiscal general asegurar que no se gasten fondos federales «en ningún procedimiento médico, tratamiento o fármaco con el propósito de adecuar la apariencia de un recluso a la del sexo opuesto», informa SCOTUSblog.
En febrero de 2026, el Bureau of Prisons (BOP) adoptó el Program Statement 5260.01. Ofrece tratamiento de salud mental para la disforia de género, pero pone fin a las cirugías, las hormonas y las «acomodaciones sociales», definidas de modo que incluyen relleno, fajas compresoras de pecho, maquillaje y pelucas, según la solicitud del gobierno.
El BOP dijo que adoptó la política «con independencia de» la orden ejecutiva. Citó cambios en la evidencia científica y preocupaciones de seguridad, entre ellas que las intervenciones podrían convertir a los reclusos en blanco de ataques, «generar resentimiento entre los demás reclusos» y usarse para ocultar contrabando. NBC News informa que unos 1,000 reclusos bajo custodia federal resultan afectados.
Tribunales inferiores
Tres reclusos identificados como trans, Alishea Kingdom, Jas Kapule y Solo Nichols, presentaron una demanda colectiva. El 26 de agosto, el juez senior de distrito de EE. UU., Royce Lamberth, suspendió la política y dictó una medida cautelar preliminar de alcance colectivo que obliga al BOP a continuar su práctica anterior. Consideró que la política era probablemente arbitraria y caprichosa, y «pretextual y diseñada a la inversa para implementar» la orden ejecutiva, según la solicitud del gobierno. NBC informa que escribió que el BOP citó «cero evidencia de sus propios profesionales médicos o de salud mental» para sus conclusiones.
El 18 de septiembre, un panel del D.C. Circuit denegó una suspensión pendiente de apelación, por 2-1. Los jueces Wilkins y Garcia quedaron en la mayoría, y el juez Walker habría concedido la suspensión.
Argumentos
El solicitor general D. John Sauer argumentó que el tribunal de distrito sustituyó «su propio criterio de política por el de la agencia» y negó a los administradores penitenciarios la debida deferencia. Los reclusos argumentaron que el BOP no había dado una «explicación razonada» y que retirar el tratamiento causaría un daño irreparable.
La apelación continúa en el D.C. Circuit. La política sigue bloqueada mientras tanto.